La iniciativa del parlamentario por la región de Coquimbo, Víctor Pino, será ley tras su aprobación en el Senado, permitiendo apoyar a los titulares de derechos de agua para que dispongan de 2 años más de plazo para realizar este trámite obligatorio.

 

El proyecto de ley que prorroga hasta el año 2027 el plazo para la regularización de derechos de agua en el mundo rural, consiguió su aprobación definitiva en el Senado, convirtiéndose en una nueva ley de la República. La iniciativa, de autoría del diputado Víctor Pino, “busca dar dos años adicionales para que los titulares de derechos de agua completen su regularización, un proceso que ha sido difícil para muchas familias, especialmente en zonas rurales”, señaló el legislador.

 

Para el parlamentario la importancia de esta nueva ley “responde a las necesidades del mundo rural, donde pequeños agricultores y comunidades han enfrentado obstáculos como la falta de acceso a tecnología, información y servicios adecuados para realizar los trámites. Este es un paso crucial para las familias rurales que dependen del agua para sus cultivos y su sustento diario. Muchos han sido excluidos de este proceso por factores ajenos a su voluntad, y hoy logramos darles un respiro”, afirmó el parlamentario Pino.

 

El proyecto aprobado modifica la Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas, y extiende el plazo original, que vencía en 2025, hasta el 6 de abril de 2027, para así garantizar que más personas puedan regularizar sus derechos sin la presión de una fecha límite inalcanzable. Durante el debate, el diputado Víctor Pino hizo hincapié en “la necesidad de un acompañamiento activo por parte del Gobierno, especialmente para apoyar a los adultos mayores y a quienes no tienen acceso a servicios de apoyo como los ofrecidos por el Instituto de Desarrollo Agropecuario” (Indap).

 

El legislador también recordó que esta extensión no solo beneficia a los agricultores, “sino que también contribuye a dar justicia social, porque reduce las desigualdades que existen entre quienes cuentan con los recursos para regularizar sus derechos y quienes no”.

 

La nueva ley contempla la obligación de que los titulares presenten documentos adicionales para evitar sanciones futuras, y la obligación de que la Dirección General de Aguas (DGA) informe semestralmente sobre el progreso de las regularizaciones, medidas con las que se busca asegurar que el proceso sea transparente y efectivo para todos los involucrados.

 

“Estoy muy contento con la aprobación de mi proyecto, considero porque que la regularización de los derechos de agua es cumplir en parte con la deuda histórica que tenemos con el mundo rural, sin embargo, aún queda mucho por hacer y ese es parte de mi compromiso legislativo”, concluyó el diputado del Partido Demócratas, Víctor Pino.