Tras una larga jornada en la Cámara de Diputados, ayer miércoles se aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, con una votación de 95 a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, lo que fue celebrado por el diputado del Distrito 25, Daniel Lilayú (UDI), que fue uno de los impulsores del libelo contra los magistrados por falta a la probidad.

Para el parlamentario, los argumentos contra ambos jueces “han sido lo suficientemente contundentes como para que una abrumadora mayoría haya aprobado el libelo acusatorio, a pesar de los subterfugios que muchos diputados oficialistas intentaron utilizar para impedir la votación de hoy. Sin embargo, cuando se trata de temas tan delicados, como tráfico de influencias y faltas de probidad, tenemos el deber de ejercer nuestro rol fiscalizador, caiga quien caiga.”.

“A nuestro parecer, tanto la ministra Vivanco, como el ministro Muñoz”, precisó Lilayú, “han excedido sus atribuciones del cargo y se han cometido una serie de faltas a la probidad, que ahora deberán ser analizados por el Senado, que hace las veces de jurado en las acusaciones constitucionales”.

“Independiente de lo que ocurra en las otras acusaciones constitucionales y los procesos que está llevando la Corte Suprema, es de suma importancia destacar que como Poder del Estado, debemos siempre velar que la Constitución y las leyes sean cumplidas por todos aquellos que ostentan algún cargo en el Estado, especialmente si se trata de un juez de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país y donde sus ministros debieran ser un ejemplo para el resto de los tribunales del país”, cerró el diputado Lilayú.