Es desolador contemplar los sitios devastados de las casas incendiadas en febrero pasado. La tristeza aumenta al ver el estado de los colegios en Atacama y pensar en la calidad de la educación que estamos proporcionando a esos niños. Lo peor es que estos casos son ejemplos de políticas voluntaristas, programas mal concebidos y deficientemente ejecutados.

 

En ambos asuntos, es crucial que el gobierno y los parlamentarios, al menos una vez, consideren la opinión de los técnicos y fundamenten sus decisiones en evidencias sólidas. Al inicio de un nuevo año académico, las universidades tenemos, por definición, la obligación de colaborar entregando esas evidencias, aportando con análisis críticos y evitar llegar a conclusiones preconcebidas.

 

Afirmar que esto entra en conflicto con la supremacía de la política, es una soberana tontera. Está bien que nos apartemos de cuestionamientos a la ciencia, actitud propia del populismo, pero tampoco podemos caer en el cientifismo extremo que no reconoce ni valora factores en conflicto.

 

Es urgente que la política se base en evidencia y conocimiento para abordar con eficacia los desafíos que tenemos como país.