En una ceremonia que contó con la asistencia de las principales autoridades del sistema de justicia de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, el saliente presidente, ministro Rodrigo Carvajal Schnettler, rindió cuenta pública de su gestión durante el año judicial 2024, oportunidad en la que destacó el trabajo realizado por los nueve juzgados con competencia en materia de Familia de la jurisdicción, en el marco de Ley 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento.

 

“De acuerdo a los registros informáticos del Poder Judicial, actualizados al 22 de febrero de 2024, la deuda por pensiones de alimentos en la región de Los Ríos y la Provincia de Osorno asciende a $513.491.188.596. Los tribunales informaron un total de 8.493 personas al sistema, de las cuales 1.486 cancelaron la deuda que mantenían con los alimentarios, cifra que indica que sólo el 17,5% de las deudas ha sido cancelada, dejando 7.007 envíos con registro activo, es decir, el 82,4% de la deuda sigue vigente”.

 

Durante la cuenta pública se resaltó además la labor impulsada por las fiscalías judiciales del tribunal de alzada. “Las fiscales de la 1° y 2° fiscalía judicial de esta Corte de Apelaciones presidieron la Mesa de Supervisión Carcelaria del  Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y  Complejo Penitenciario de Valdivia, respectivamente, instancia en la que se abordaron temas como: situación procesal de las personas extranjeras privadas de libertad, situación de hacinamiento y salud mental,  particularmente de las mujeres dado el explosivo aumento de internas en los recintos penales en el último periodo y eficiencia en la asignación de horas  ginecobstetras y de especialidades, acciones que refrendan la preocupación permanente de esta judicatura respecto del correcto funcionamiento de los recintos carcelarios del territorio”.

 

En su discurso, el ministro Carvajal Schnettler destacó la recepción del edificio judicial en materia Penal de Osorno: “en enero de 2024 fue recepcionado el edificio que albergará al Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, inmueble cuenta con certificación Leed Gold, sistema internacional de certificación de edificios sostenibles, que acredita que esta nueva estructura judicial es amigable con el medioambiente y que evalúa criterios como cantidad de energía y agua que utiliza el edificio,  materiales utilizados en su construcción,  calidad interior del aire y volumen de residuos generados”.

 

Finalmente en materia vinculación, la autoridad señaló que “durante el 2023 se retomaron las actividades presenciales de extensión y que nos vinculan con los distintos estamentos  de la sociedad, generando un programa de puertas abiertas de la Corte de Apelaciones de Valdivia que contó con actividades de difusión de la función judicial, capacitaciones, visitas a medios de comunicación, además de acciones sociales, culturales y académicas que permitió al tribunal de alzada vincularse con más de 1.000 personas”.

 

Cambio de presidencia

 

Tras la cuenta pública, el secretario del tribunal de alzada, Juan Vío Vargas, dio lectura al decreto económico que formalizó el traspaso de presidencia desde el ministro Rodrigo Carvajal Schnettler al ministro Juan Ignacio Correa Rosado, para el año judicial 2024.

 

Titulado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1989, el ministro Juan Ignacio Correa Rosado inició su carrera judicial en 1993, cuando asumió como secretario del Juzgado de Menores de Punta Arenas, jurando como juez el mismo año en dicho tribunal. En octubre de 1995 es nombrado secretario de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en 2000, cinco años más tarde, es nombrado secretario de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y finalmente, en 2002, jura como ministro del tribunal de alzada valdiviano, ejerciendo como presidente en tres períodos anteriores (2004, 2010 y 2016).

 

Abogados integrantes

 

Como primera actividad formal en el ejercicio del cargo, el ministro Correa tomó juramento a los cinco abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Valdivia para el periodo judicial 2024, nombrados en enero pasado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los que tendrán la misión de integrar alguna de las salas del tribunal de alzada en caso de ausencia o inhabilidad de alguno de los ministros titulares.

 

Los abogados integrantes que prestaron juramento en esta oportunidad fueron Susan Turner Saelzer, Andrés Bordalí Salamanca, Juan Andrés Varas Braun, Ricardo Hernández Medina y Iván Hunter Ampuero.