Ante una nueva arremetida de comunidades indígenas, que solicitaron más de 600 mil hectáreas de borde costero en la región de Aysén, el Senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, pidió que el ejecutivo zanje estas peticiones, aseverando que su uso indiscriminado termina perjudicando diversos sectores productivos de la zona sur Austral.

 

En la región de Los Lagos, gran parte del mar interior ha sido solicitado por comunidades indígenas, que, bajo el amparo de la normativa, reclaman por uso consuetudinario. Si bien, estas solicitudes han terminado rechazadas, ocasionan una serie de perjuicios, como la suspensión o paralización de trámites para otras actividades productivas en ejecución, como la acuicultura, pesca artesanal o el turismo, considerando que pueden demorar varios años en resolverse.

 

El Congresista admitió que una modificación de esta naturaleza es compleja, dado que requiere de consulta indígena, pero explicó que los problemas que está generando la Ley Lafquenche puede escalar en un conflicto mayor.

 

“Aquí el gobierno tiene que anticiparse y ser proactivo en esta materia. Nuestra región, al igual que Aysén, ha sufrido con extensas solicitudes de borde costero, que frenan inversiones y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. Por eso, necesitamos que el gobierno se comprometa en explorar alternativas para modificar la ley de espacios costeros marítimos para pueblos originarios, buscando un verdadero equilibrio entre el legítimo derecho de solicitar áreas acotadas y el desarrollo de actividades productivas. Sabemos que una modificación de esta naturaleza no es sencilla, ya que deben realizarse consultas indígenas debido al convenio 169 de la OIT, pero creemos que la necesidad buscar acuerdos es fundamental y así evitar conflictos entre la industria acuícola, pescadores y las comunidades indígenas. Creemos que aquí ha pasado demasiado tiempo en que se ha evitado este tema, pero que día a día suma problemas y que en algún momento pueden escalar en un conflicto mayor”.

 

Para Moreira, es fundamental que modificaciones a los espacios marítimos costeros para pueblos originarios (ECMPO) permitan una convivencia armónica entre todos quienes viven en el borde costero, asegurando que si bien, las comunidades indígenas tienen derecho a realizar solicitudes de zonas específicas o de carácter ancestral, estas deben ir en concordancia con el desarrollo económico y no poner en peligro a las principales fuentes de empleo de las regiones australes.