En Puerto Montt se desarrolló la jornada de orientación en base al manual de intervenciones prácticas para el trabajo con hijos e hijas de femicidio frustrado o consumado, redactado por académicos de la universidad Austral de Chile (UACh), con el objetivo de sensibilizar y socializar esta problemática que también afecta a niños y adolescentes.

 

La iniciativa a cargo de las representantes de la mesa de género de la Seremi de Desarrollo Social, Ana María Oñate, y del Servicio de Protección, Camila Solís, Alejandra Meza y Alejandra Olmos, contó con la participación de Daniel Jofré de la UACh, Patricia Rubilar, autora de libros alusivos a la violencia de género y Jacqueline Guerra Vargas, Magistrada e integrante del comité de género del poder judicial.

 

Al respecto, Enzo Jaramillo, Seremi de Desarrollo Social y Familia, explicó que “las temáticas de transversalización de género que hay en la política pública se han enfocado en nuestro Ministerio. Nosotros tenemos una encargada de género y además servicios asociados a que también trabajan en estos temas y así en conjunto estamos generando esto para ver la corresponsabilidad, el acoso laboral, el acoso sexual, donde debemos tener protocolos en temas sumamente importantes que estamos viendo en esta comisión”.

 

Pedro Adrians, director regional, sostuvo que “la convocatoria de todos los servicios asociados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia es para reafirmar nuestro compromiso por poder robustecer nuestro quehacer, el enfoque de género, de interseccionalidad y el enfoque de derechos humanos. En este contexto confirmamos nuestro quehacer prioritario por garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en particular, a una vida sin violencia”.

 

Jacqueline Guerra, Magistrada e integrante del comité de género del poder judicial,  declaró que “desde el poder judicial hay un compromiso permanente como institución con aplicar la perspectiva de género, el juzgamiento de delitos violentos como el femicidio, pero también en materia de familia cuando se hacen los apoyos a las víctimas indirectas de estos delitos que en el fondo son niños y adolescentes, que son parte de los grupos familiares de aquellas víctimas y en ese sentido, las medidas de protección son una herramienta que está muy concatenada con los servicios públicos”.