Con el auditórium lleno, los estudiantes de Servicio Social del Instituto Profesional Santo Tomás Osorno asistieron a una charla titulada: “Violencia intrafamiliar y legislación”, dictada por la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, abogada María Soledad Santana Cardemil y el trabajador social, Pablo Guzmán Vera.

Para la experta en materia penal, María Soledad Santana Cardemil, “la violencia en contra de las Mujeres es una forma de discriminación porque menoscaba o anula el pleno goce y ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos humanos fundamentales, tales como: Derecho a la vida; Derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Derecho a la libertad y la seguridad personales; Derecho a la igualdad ante la ley; Derecho al más alto nivel posible de salud física y mental”.

Agregó que “el Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia y generar un entorno en el que las mujeres puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Por esto, existe un compromiso también contraído por el Estado en cuanto a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Por su parte, el trabajador social, Pablo Guzmán Vera, explicó que existe una estructura denominada como Consejo Técnico en Juzgados de Familia, que “contempla demandas orales de violencia intrafamiliar o medidas de protección. En el caso de demandas orales por VIF, por requerirse asesoría psicosocial especializada y para evitar la victimización secundaria, el Consejo Técnico practicará personalmente la primera atención, debiendo dejar constancia de ella. El administrador del Tribunal, en conjunto con el comité de jueces, deberá establecer un procedimiento de turnos para garantizar el cumplimiento efectivo de esta obligación y la adecuada distribución de las cargas de trabajo entre los profesionales del consejo Técnico”.

Añadió que el perfil de un consejero técnico “es asesorar, individual o colectivamente, a los jueces en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento, en el ámbito de su especialidad”.

Los expertos en esta materia concluyeron que a pesar de los avances en materia de violencia de género, aún es posible advertir cómo el contacto de las Mujeres con los sistemas de justicia penal puede ser una experiencia negativa, como por ejemplo, “se revictimiza a la mujer que denuncia, se la obliga a repetir en numerosas ocasiones el relato de su denuncia, o cuando reciben cuestionamientos sobre la misma, se las obliga a exponer su vida privada, o se permiten pericias invasivas en las cuales se cuestiona la veracidad de su relato”, expresó la abogada.

Por su parte, Claudia Figueroa Carmona, directora de área Cs. Sociales del IP Santo Tomás de Osorno enfatizó en que “contar con estas actividades fortalecen  competencias del perfil de egreso de los y las estudiantes de la carrera,  permite además comprender el importante rol del Trabajo social en tribunales y abre nuevos vínculos con profesionales e instituciones de la comuna, con las cuales a futuro se pueden generar alianzas de trabajo colaborativo entre las y los estudiantes y las instituciones, acogiendo necesidades en un contexto local y pertinente”.