Un informe
preliminar de la comisión de fiscalización de obras paralizadas del Consejo
Regional de Los Lagos, da cuenta que el 61% de los trabajos en condición de
liquidados responde a incumplimiento de contratos por parte de las empresas
contratistas y no directamente a efectos de pandemia, mientras que el tiempo promedio para que las
unidades técnicas municipales entreguen una alerta formal de paralización de
obra, bordea los 15 meses.
En un 22 por
ciento de los casos la paralización se debe a insolvencia económica de las
contratistas; un 13 por liquidación y un 4,3 por ciento por factores externos.
El primer informe de esta comisión transitoria que preside el consejero
regional por Osorno, Francisco Reyes, establece un diagnóstico sobre el cual se
proponen medidas de tipo administrativas, en la búsqueda de destrabar
iniciativas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en las cuatro provincias
de la región y por las cuales ya han sido cancelados más de 12 mil 300 millones
de pesos, de casi 30 mil millones de pesos que contempla el monto general
contratado.
Junto al consejero
Reyes, participan la core Patricia Rada y el consejero, Rodrigo Arismendi de
Llanquihue; Rodrigo Wainraihgt, presidente de la comisión de Infraestructura;
además de los presidentes de las comisiones de Osorno, Chiloé y Palena, Alexis
Casanova, Nelson Águila y Roberto Soto, respectivamente.
La comisión
transitoria de fiscalización que también integran las divisiones de Inversión,
Infraestructura, además de las unidades Jurídica y de Control, identificó 24
obras con financiamiento regional en condiciones de paralizadas y liquidadas;
otras 5 en situación crítica o de conflicto; y un total de 14 proyectos del
Fondo Regional de Inversión Local (Fril) estancados y en situación de abandono.
La consejera Patricia Rada, manifestó que la preocupación principal es que las
obras se ejecuten lo antes posible.
Según identificó
la comisión, de las 24 obras paralizadas, 15 podrían ser retomadas durante 2022
producto de reevaluaciones y nuevas licitaciones. “Por ello, es indispensable
el seguimiento permanente, la priorización en materia presupuestaria, junto a
una serie de medidas de tipo administrativas y un necesario reforzamiento de la
comunicación entre las unidades ejecutoras municipales, empresas a cargo y el
Gobierno Regional”, dijo Francisco Reyes.
Ello, además de
propuestas de mejoramientos a convenios mandato y contrataciones para
evitar nuevos casos de paralización, y las propuestas en materia legal,
judicial y legislativo que están en proceso de análisis previo al informe
final. “Tomará importancia la respuesta de parte de Contraloría sobre los
AITOS, (asistentes de inspección de obra), ya que nos ayudará a tener a un
representante de los proyectos, que serán nuestros ojos dentro de cada obra en
ejecución y así tener una fiscalización real, para que se ponga en alerta cuando
los proyectos se atrasen”, comentó el consejero regional por la provincia de
Llanquihue y vicepresidente de la comisión de Infraestructura del Core, Rodrigo
Arismendi.
En dicha situación
de posible reactivación se encuentra la reposición del Liceo Politécnico de
Calbuco; la reposición de la posta de salud rural de Cucao, en Chonchi; la
construcción del sistema de agua potable rural el Manzano de Hualaihué; y la
reposición de veredas de población Angulo de Osorno, entre otras.
Reyes destacó, además que en este informe preliminar se da cuenta del primer
catastro de empresas con proyectos paralizados, identificando en detalle causas
y con propuestas de medidas para repetir eventos similares.
La comisión de
fiscalización visitó en terreno la semana pasada las obras del Liceo Carmela
Carvajal de Prat, cuyos trabajos fueron retomados y en las próximas semanas se
constituirán en otras iniciativas en conflicto en las provincias de Llanquihue
y Chiloé.
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