Luego de la denuncia formulada por dirigentes de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), de la región de Los Lagos, quienes afirmaron que mensualmente se lanzan más de 500 paquetes al interior del penal de Alto Bonito, en Puerto Montt, con droga, alcohol e incluso celulares; el diputado  de Renovación Nacional por la zona, Mauro González realizó una visita inspectiva al recinto, junto a un grupo de funcionarios penitenciarios, constatando in situ algunas falencias.

Cabe recordar, que el caso que encendió las alarmas entre los funcionarios se relaciona con la agresión que sufrió un gendarme, tras recoger un paquete lanzado desde el exterior del penal, y en cuyo momento fue alcanzado por un gancho lanzado por un recluso que se le incrustó en su ceja izquierda, resultando con una herida de mediana gravedad.

Tras concluir la visita  en el penal Alto Bonito, el diputado González junto con empatizar con las demandas de los funcionarios, hizo un llamado a las autoridades a conformar una mesa de trabajo para abordar las problemáticas y establecer soluciones a corto, mediano y largo plazo.

“Vine a terreno a conversar con los dirigentes de ambas asociaciones de gendarmería por la relevancia de sus peticiones, las que son absolutamente legítimas…Hago un llamado en estos momentos a la Ministra de Justicia que vino a la zona a que tome en conocimiento y que escuche a los funcionarios; es un tema grave, no esperemos que pase una tragedia, o que este movimiento se radicalice, sino que armemos una mesa de trabajo para tomar puntos a corto, mediano y largo plazo, los funcionarios lo que quieren es ser escuchados y que busquemos soluciones -en conjunto”, señaló.

Asimismo, el parlamentario explicó que, tras la visita, pudo constatar problemas graves en términos de seguridad. “Hay un problema grave de seguridad, en primer lugar para los propios funcionarios que ejercen una labor noble e importante para nuestro país, quienes sufren y arriesgan su integridad física y psíquica frente a estos pelotazos que es la droga que se lanza desde el exterior hacia el interior del complejo”.

“Y por otra parte, -continuó,- esto complica la seguridad de la población penal y en el exterior, hacia la propia comunidad, por lo que creo que es fundamental asumir esta problemática haciendo gestiones con el Ministerio de Justicia y  de Obras Públicas”.

Finalmente, el parlamentario señaló la importancia de revisar los contratos con la empresa concesionaria del recinto penitenciario, y que para tales efectos oficiará desde la Cámara de Diputados al ministerio de Justicia. “Vamos a solicitar una fiscalización desde la Cámara de Diputados para ver cómo se está cumpliendo ese contrato: los recursos que se están invirtiendo, las obras que se están realizando, los montos o precios que se están cobrando por situaciones de obras menores, que me comentaron, que son precios fuera de mercado comparados con obras que se realizan en situaciones normales en cualquier obra que se pueda realizar”.

“El servicio público, así como contrata, como le pide al sector privado que se haga cargo, tiene que exigirle al mandante que cumpla normativa y fiscalizarlos”, remató.