La defensa pública asumió casi 1.300 causas nuevas el año pasado en tribunales de la provincia de Osorno. Defensora Regional llamó a los intervinientes del sistema de Justicia Penal a reflexionar sobre el costo personal y familiar de la privación de libertad.

 

Este martes, vía streaming, la Defensoría Regional de Los Lagos rindió su Cuenta Pública Anual a través de la Defensora Regional, María Soledad Llorente, para informar del trabajo realizado en 2019 y parte de este 2020.

 

La actividad fue transmitida además en todos los penales de la región y presenciada por los internos representantes de cada módulo. En el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, fueron acompañados por el defensor jefe de la ciudad, Juan Pablo Moreno.

 

Llorente destacó el trabajo de la Defensoría Penal Pública en Los Lagos durante el 2019, en que los defensores y defensoras, junto a sus respectivos equipos, debieron asumir un 15,9 por ciento más de causas, es decir, 21 mil 600 causas, de las cuales un 5,5 por ciento, más de un tercio, se registraron durante el último trimestre del año, en el marco de las manifestaciones por el denominado “Estallido Social”.

 

“En la provincia de Osorno, el último trimestre del año pasado, registramos casi mil 300 causas nuevas, de las cuales casi 700 se iniciaron por controles de detención. Esta cifra contempla, por cierto, las detenciones generadas en el contexto de las manifestaciones sociales que se produjeron hace exactamente un año y que, en general, para la Defensoría, significaron más de un 5 por ciento de causas adicionales a nivel regional”, dijo.

 

 Asimismo, la jefa regional destacó que la Defensoría, a partir de esa fecha, comenzó a implementar un plan de trabajo extraordinario en comisarías y unidades policiales, para que defensores y defensoras puedan resguardar los derechos de las personas desde las primeras horas de la detención y asegurar el debido proceso.

 

Prisión preventiva y derechos en pandemia

 

Llorente dijo que la defensa es un derecho para todas las personas, sin distinción de ningún tipo: “el derecho a la defensa es parte de nuestros Derechos Humanos, y en ese contexto, busca no solo el respeto de estos, sino que evitar injusticias: por ejemplo, el año pasado, en la región de Los Lagos, más de 2 mil personas fueron absueltas o no declaradas culpables de un delito, y de ellas, 56 tuvieron que atravesar la prisión preventiva”.

 

En este sentido, recalcó que las medidas cautelares deben ser consideradas excepcionales y no una pena anticipada. La defensora llamó, en este sentido, a los intervinientes del sistema a reflexionar sobre el impacto que tiene la privación de libertad sobre una persona imputada, su familia y quienes le rodean.

 

Soledad Llorente también recalcó la labor que ha desarrollado la Defensoría en la pandemia: “Hemos atendido más de 22 mil audiencias, además del trabajo en los penales, y por supuesto, la constante preocupación por defender los derechos y orientar a las personas imputadas por delitos de infracción sanitaria y a la comunidad en general”.